El senador estatal de Arizona Sonny Borrelli, republicano de Lake Havasu City, reacciona a la senadora Priya Sundareshan, demócrata de Tucson, mientras explica su voto sobre la SB 1231 en el Capitolio de Arizona. (Foto de Sam Ballesteros/Cronkite Noticias)
Miembros de Living United for Change en Arizona (LUCHA) manifiestan contra la legislación de inmigración en el Capitolio de Arizona el 21 de febrero de 2024. (Foto de Sam Ballesteros/Cronkite Noticias)
PHOENIX – La Legislatura de Arizona dio la aprobación final el miércoles a un proyecto de ley que convertiría en delito estatal cruzar la frontera sin la documentación apropiada, uno de un paquete de proyectos de ley que los críticos han llamado versiones modernas de la SB 1070.
Otros proyectos de ley en el paquete, incluida una iniciativa electoral propuesta que ampliaría el uso de E-Verify a los beneficiarios de asistencia social, así como a los trabajadores, han sido aprobados en la Cámara de Representantes con un fuerte apoyo republicano, pero aún no han llegado a la gobernadora.
Críticos como Lena Ávalos, asesora principal de políticas de Living United for Change in Arizona (LUCHA), ven los proyectos de ley como “un ataque coordinado contra las comunidades de color y las comunidades de inmigrantes”. Comparan los proyectos de ley de este año con el SB 1070, la controvertida legislación de Arizona de 2010 que otorgó a las fuerzas del orden locales el poder de hacer cumplir la ley de inmigración.
“Estamos viendo a los republicanos de Arizona impulsar uno de los paquetes de proyectos de ley más extremos, racistas y antiinmigrantes en la historia de este estado”, dijo Ávalos.
Bajo las leyes HB 2748, HB 2821 y SB 1231, cruzar la frontera entre los puertos de entrada sin la documentación adecuada sería un delito menor estatal en la primera ofensa, pero se convertiría en un delito grave en la segunda ofensa.
La Cámara de Representantes dio el miércoles su aprobación final, en una votación de 31 a favor y 28 en contra a la SB 1231 y se la envió a lagobernadora, quien cumplió su amenaza de vetar el proyecto de ley que, según ella, estaba diseñado únicamente para “ganar puntos políticos baratos”. Hobbs dijo el lunes que la SB 1231 no hace nada para asegurar la frontera, mientras que “demoniza a nuestras comunidades, perjudica a las empresas y a los agricultores, y sobrecarga a las fuerzas del orden y a nuestro sistema judicial”. Sobre la base de los estrechos márgenes de aprobación en la Legislatura, no parece haber suficientes votos para anular ese veto.
Cipranio González sopla contra un proyectil en protesta por una legislación que los críticos llaman “SB 1070 2.0” en el Capitolio del Estado de Arizona el 1 de febrero de 2024. (Foto de Marnie Jordan/Cronkite Noticias)
Es posible que la gobernadora no tenga esa opción con HCR2060, una resolución que iría directamente a los votantes para su aprobación si es aprobada por la Legislatura. Esa propuesta ampliaría el uso de E-Verify, actualmente requerido para verificar el estado de ciudadanía de los trabajadores, para confirmar que cualquier adulto que reciba asistencia pública tenga la documentación migratoria adecuada en los Estados Unidos. No usar el programa E-Verify resultaría en un cargo por delito grave.
Según el sitio web de E-Verify, el programa del gobierno de EE. UU. compara la información del formulario I-9 de un empleado con los registros del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y la Administración del Seguro Social para determinar la elegibilidad de un empleado para trabajar en los Estados Unidos.
La resolución HCR 2060 fue aprobada por la Cámara de Representantes con el respaldo de los republicanos el 22 de febrero y actualmente está pendiente en el Senado.
Los legisladores republicanos dicen que “tenemos que controlar el número (de migrantes)”
En los proyectos de ley que tratan de la entrada legal a los EE. UU., las fuerzas del orden locales serían inmunes a la responsabilidad civil por los daños causados durante la aplicación de la ley. También permitiría a los jueces locales ordenar la deportación de las personas acusadas del delito.
Los residentes de EE. UU. y las personas que calificaron para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia entre el 15 de junio de 2012 y el 16 de julio de 2021 estarían exentos.
El sector Tucson tuvo la mayor cantidad de encuentros con migrantes que cualquier sector en la frontera sur de EE. UU., con más de 50,000 en enero, y más de 250,000 en los primeros cuatro meses del año fiscal 2024, según datos de Aduanas y Protección Fronteriza.
El senador estatal John Kavanagh, republicano de Fountain Hills, uno de los 13 patrocinadores republicanos de la SB 1231, dijo que apoya el proyecto de ley porque cree que la frontera está en caos y que Estados Unidos necesita asegurar su frontera sur.
Kavanagh dijo que cree que el “gobierno federal ha convertido a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en un vagón de bienvenida” que ha sido redirigido de la aprehensión y la deportación al procesamiento y transporte de personas que cree que están “haciendo reclamos falsos de migrantes”.
Kavanagh dijo que Estados Unidos necesita controlar el número de personas que ingresan al país para que no se vea abrumado y “que nuestra fuerza laboral no se diluya”.
De izquierda a derecha, Alondra Ruiz Vázquez, Raúl Cordero, Sylvia Herrera, María Del Rayo y Jorge Flores boicotean la legislación que los críticos llaman “SB 1070 2.0” en el Capitolio del Estado de Arizona el 1 de febrero de 2024. (Foto de Marnie Jordan/Cronkite Noticias)
“Necesitamos controlar los números para que podamos seguir teniendo inmigración legal de países de todo el mundo”, dijo Kavanagh. “Hay personas en listas de espera que quieren venir a este país, pero si sus espacios están siendo ocupados por millones de personas que llegan ilegalmente, estas personas decentes respetuosas de la ley, muchas de las cuales tienen habilidades laborales que necesitamos, no entrarán al país”.
La introducción de estos proyectos de ley ha creado un alboroto por parte de los grupos de defensa de Arizona, como LUCHA, que los calificó de racistas y xenófobos en un comunicado de prensa. Los Comités de Defensa del Barrio y la Red Nacional de Organización de Jornaleros llamaron a un boicot nacional e internacional contra el estado de Arizona en una conferencia de prensa el 1 de febrero.
Salvador Reza, coordinador comunitario, dijo que la frontera y el clima político actual son antiinmigrantes.
“Nos ven como extranjeros ilegales. Pero la cosa es que no se dan cuenta de que hemos estado yendo y viniendo durante 500 años e incluso más porque somos descendientes de las mismas comunidades que todavía están aquí, las comunidades indígenas. Así que no nos sentimos como invasores. Sentimos que pertenecemos a esta tierra”, dijo Reza.
El senador estatal David Gowan, republicano de Sierra Vista, otro patrocinador de la SB 1231, dijo durante el debate en el Senado sobre el proyecto de ley que no tiene nada que ver con el color de la piel.
“No me digan de qué se trata mi voto. Nunca digas que sabes quién soy por dentro porque debo ser racista contra mis propios hijos”, dijo Gowan en referencia a su suegra que es de México.
Ávalos, de LUCHA, dijo que cree que nadie está pidiendo este proyecto de ley.
Creo que la gente está pidiendo comunidades más seguras. Piden viviendas asequibles. Piden atención médica y educación de calidad. Y esto no hace ninguna de esas cosas”, dijo Ávalos.
(Vídeo por Maria Garcia/Cronkite Noticias)
