La pastora Joanne Landry muestra la ducha afuera del Centro de Servicios de Compasión en el sureste de Albuquerque, el 30 de octubre. (Foto de Caleb Scott/Cronkite Noticias)
Nuevo Mexico encuentra una forma de ayudar a personas sin vivienda. En el siguiente enlace de @CronkiteNoticias le explicamos cuál es el plan y en qué forma ayudaría a personas de bajos ingresos.
ALBUQUERQUE, N.M. – Después de disminuir durante casi una década, la población de personas sin hogar de Nuevo México ha aumentado en un 48% con respecto al año anterior. Según un informe publicado por el Comité Legislativo de Finanzas de Nuevo México, este aumento se debe principalmente a la escasez de viviendas y al aumento de los alquileres.
El informe dice que la renta en Nuevo México aumentó un 70% de 2017 a 2021, mientras que los salarios aumentaron un 15%. Zillow informa que el precio promedio de una casa en Nuevo México en enero de 2017 era de $173,063; en el mercado actual, la vivienda promedio de Nuevo México ha aumentado a $293,040. Para los EE. UU. en su conjunto en el mismo período, el precio promedio de una vivienda pasó de $206,839 en enero de 2017 a $346,653 en 2023.
Para combatir los costos de vivienda, la Autoridad de Vivienda de Albuquerque (AHA, por sus siglas en inglés) ha implementado un programa de bonos para personas de bajos ingresos. Los hogares que reciben asistencia a través del Programa de Bonos de Elección de Vivienda pagan el 30% de sus ingresos para el alquiler. La AHA paga a los propietarios privados la diferencia entre lo que pagan los hogares participantes y el alquiler de las unidades. A través de este programa, dice la AHA, más de 4,000 hogares de Albuquerque reciben asistencia para el alquiler.
“Si nos fijamos en el salario mínimo, alguien tendría que trabajar en dos o tres empleos solo para conseguir un apartamento”, dijo Tony Watkins, coordinador de atención continua de la Coalición de Nuevo México para Acabar con la Falta de Vivienda, una organización sin fines de lucro fundada en 2000 por un grupo de agencias sin fines de lucro y la Autoridad de Financiamiento Hipotecario de Nuevo México.
Watkins dijo que, además de la raza y la identidad de género, “los propietarios no pueden discriminar oficialmente a alguien basándose únicamente en la clase social”, según la ordenanza de derechos humanos. Una de las cosas en las que trabajará la coalición para la próxima sesión legislativa es la prevención de desalojos.
Watkins dijo que hay un racismo institucional integrado en el sistema que afecta de manera desproporcionada a ciertos grupos de personas sin hogar que deberían recibir apoyo. “Tenemos demasiadas personas nativas e indígenas que han sido indocumentadas por no tener hogar”.
Según Watkins, este racismo se remonta al programa iniciado en 1934 por la Administración Federal de Vivienda para asegurar los préstamos hipotecarios. “El noventa por ciento de esos préstamos durante los primeros 20 a 30 años fueron a familias blancas”, dijo. “Las compañías de seguros respaldadas por el gobierno federal deliberadamente obtenían un mapa y trazaban líneas rojas alrededor de los vecindarios que no se consideraban dignos. Y la mayoría de esas personas eran del centro de la ciudad y personas de color”.
A estas comunidades afectadas se les negó el crédito para comprar o arreglar sus casas, dijo Watkins. La composición racial de Albuquerque refleja esto. La mayoría de la población blanca vive en el lado este de la ciudad, donde los costos de vivienda son más altos, mientras que la mayoría de la población hispana vive en el lado interior y suroeste de la ciudad.
El Centro de Servicios de Compasión en el Distrito Internacional de Albuquerque el 30 de octubre. (Foto de Caleb Scott/Cronkite Noticias)
La discriminación estaba prohibida por el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1968 “con respecto a la venta, el alquiler y el financiamiento de viviendas por motivos de raza, religión, origen nacional, sexo (y según enmendada) discapacidad y estado familiar”, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.
A pesar de la Ley de Derechos Civiles, el legado de décadas de discriminación todavía se ve, incluso en este estudio del Centro de Presupuesto y Política de Massachusetts que mostró en 2019 que “solo el 44.6% de los hogares de la raza negra, el 48.1% de los latinos y el 57.1% de los hogares indígenas, asiáticos o de las islas del Pacífico eran propietarios de sus hogares, en comparación con el 73.7% de los hogares blancos”.
“Creo que el sistema no está diseñado de manera que las personas sepan exactamente a dónde ir para obtener la ayuda que necesitan”, dijo Monet Silva, director ejecutivo de la Coalición de Nuevo México para Acabar con la Falta de Vivienda. Según Silva, muchos de los programas de la coalición brindan apoyo a las personas y familias donde más necesitan ayuda, como con las enfermedades mentales.
“Necesitamos ese apoyo intensivo para las familias en sus propios términos en su propio hogar, enfocándonos en sus fortalezas para ayudarlas a resolver problemas porque las familias son las mejores soluciones a sus problemas”, dijo Watkins.
La coalición administra programas de vivienda tanto en Albuquerque como en todo el estado para personas sin hogar. Mantiene una base de datos local y centralizada de información sobre los clientes y sus necesidades que permite a la organización coordinar los servicios con los proveedores asociados en todo el estado. Las personas son evaluadas para determinar las vulnerabilidades individuales, las discapacidades y factores como si alguien es un sobreviviente de violencia doméstica.
Alexandra Paisano es la coordinadora del Sistema de Entrada Coordinada de la coalición, un proceso mediante el cual las personas sin hogar pueden acceder a servicios rápidos y simplificados. Dijo que Albuquerque recibe constantemente alrededor de 200 nuevos solicitantes de hogares por mes, y el número de personas por hogar puede variar de dos a nueve. La coalición recibió recientemente fondos de Albuquerque para poner a las personas en una fase de transición en hoteles.
Casi la mitad de todos los inquilinos en Albuquerque gastan más del 30% de sus ingresos en vivienda, según datos de la ciudad. Para clasificar como de bajos ingresos, una persona debe tener un ingreso igual o inferior al 80% del ingreso medio del área, AMI. Los ingresos muy bajos se clasifican en el 50% del AMI y los ingresos extremadamente bajos se clasifican en el 30% del AMI. El AMI es clasificado cada año por HUD.
La coalición mantiene un conteo preciso de la población sin hogar, rastrea los patrones de servicios utilizados en el estado y rastrea los patrones de causas y necesidades de las personas sin hogar.
“Es una forma de reconstruir el sistema tener una lista vinculante de todas las personas sin hogar para que sepamos exactamente quiénes son y cuáles son sus necesidades para que podamos abordarlas de frente y poder llevarlas a una vivienda o al apoyo que necesitan”, dijo Silva.