Arizona incluirá la cobertura para cirugía de reasignación de género en su plan de salud para empleados estatales, bajo un decreto de consentimiento aprobado la semana pasada. El acuerdo pone fin a una demanda de derechos civiles contra el estado y hace permanente una política que la gobernadora Katie Hobbs había aprobado en una orden ejecutiva en junio. (Foto de archivo por Amy-Xiaoshi DePaola/Cronkite Noticias)
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WASHINGTON – Legisladores de Arizona dijeron estar “decepcionados” de que el estado haya acordado pagar por cirugías de afirmación de género para empleados estatales en un decreto de consentimiento que resuelve años de litigio de acción de clase presentado por un profesor de la Universidad de Arizona.
El decreto de consentimiento, aprobado la semana pasada por un juez de un tribunal federal en Tucson, llega meses después de que la gobernadora Katie Hobbs emitiera una orden ejecutiva que revirtió una política estatal anterior que había prohibido los procedimientos como parte del plan de seguro de salud del estado. Los activistas dijeron que la orden judicial tendrá el efecto de hacer permanente la orden de Hobbs.
Russell Toomey, el profesor de la Universidad de Arizona de estudios familiares y desarrollo humano que presentó la demanda, dijo que sintió un alivio “inmenso” después de la orden ejecutiva de Hobbs del 27 de junio, pero que estaba emocionado de ver el decreto de consentimiento.
“Descubrir que el juez federal en mi caso … ordenó la eliminación permanente de la exclusión de la atención quirúrgica de afirmación de género de nuestro seguro de salud para empleados estatales proporciona un alivio aún mayor”, dijo Toomey en un comunicado.
Pero la decisión fue criticada por líderes legislativos que intentaron intervenir en el caso, argumentando que violaría la separación de poderes entre los poderes judicial y legislativo al infringir la autoridad de los legisladores. La jueza del Distrito de EE. UU. Rosemary Marquez rechazó el intento del presidente del Senado, Warren Petersen, y el presidente de la Cámara, Ben Toma.
También argumentaron que el decreto de consentimiento podría afectar a una ley estatal que entró en vigor este año, que prohíbe la “cirugía irreversible de reasignación de género a cualquier individuo menor de 18 años”, una ley patrocinada por Petersen.
“Las cirugías de cambio de sexo nunca deben realizarse en niños y ciertamente no como parte del plan de salud del estado”, dijo Petersen en un comunicado el jueves. “Estoy muy decepcionado de que la orden del tribunal no aclarara esto, y estoy consternado de que la administración de la gobernadora haya presionado por esto”.
Toomey, un hombre transgénero, presentó la demanda en 2019 después de que el estado se negara a cubrir el costo de una histerectomía total que buscaba para tratar su disforia de género. El plan de seguro de salud del estado en ese momento permitía algunos tratamientos para la disforia de género, pero prohibía específicamente la cirugía de reasignación de género, incluso cuando se consideraba médicamente necesaria.
Toomey afirmó que la política violaba sus derechos civiles bajo el Título VII y sus derechos de igualdad de protección bajo la decimocuarta enmienda. Marquez certificó la parte de derechos civiles del caso como una demanda de acción de clase.
Después de dos años de disputas legales, ambas partes solicitaron poner el caso en espera mientras negociaban un posible acuerdo.
Esas negociaciones todavía estaban en curso cuando Hobbs emitió su orden ejecutiva el 27 de junio, ordenando la eliminación de la prohibición de cirugía de reasignación de género en la cobertura de salud estatal. En su orden, señaló un caso de la Corte Suprema de EE. UU. de 2020, Bostock v. Condado de Clayton, que decía que “la discriminación contra una persona debido a que es transgénero necesariamente constituye discriminación contra esa persona por motivos de sexo”.
Christine Wee, abogada principal de la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona, que representó a Toomey, calificó el decreto de consentimiento de la semana pasada como una “victoria para todos los empleados estatales que derrota esta clara violación de la ley federal de derechos civiles de una vez por todas”.
“Esto va a beneficiar a los empleados estatales trans en Arizona. Pero realmente va a beneficiar a todos los arizonenses porque el núcleo de este caso se trata simplemente de igualdad de acceso a la atención médica”, dijo Wee.
Pero los críticos dijeron que el decreto terminará por hacer que los contribuyentes paguen la factura de cirugías que, según uno, pueden tener impactos negativos a largo plazo.
“Los contribuyentes no deberían verse obligados a financiar cirugías y medicamentos experimentales”, dijo un comunicado de Cathi Herrod, presidenta del Centro para la Política de Arizona. Acusó a la administración de Hobbs de “redoblar su agenda impulsada ideológicamente”.
Wee calificó esos argumentos simplemente como “incorrectos y no precisos”, “A lo largo de casi 5 años en que este caso ha estado avanzando a través del sistema judicial, aprendimos que en realidad esto no va a costarles a los contribuyentes mucho dinero, si es que les cuesta algo”, dijo. “Aprendimos a través del interrogatorio a empleados estatales que formaban parte del Departamento de Administración de Arizona que en realidad el costo no era muy alto”.
Aunque estaba decepcionado con el decreto, Petersen señaló al menos una victoria: el equipo legal de Toomey, que incluía abogados de la firma de abogados con sede en Nueva York Willkie Farr & Gallagher, originalmente había solicitado $500,000 en honorarios de abogados, pero Marquez redujo la cantidad a $375,000.
“De todos modos, estoy agradecido de que nuestros argumentos hayan ahorrado $125,000 en dólares de los contribuyentes que se pagarían a firmas de abogados izquierdistas radicales de fuera del estado”, dijo la declaración de Petersen.