Arizona llevó a cabo tres ejecuciones en 2022, después de una pausa de ocho años debido a preguntas sobre los protocolos de pena de muerte del estado. El asesino convicto Aaron Gunches ha pedido ser ejecutado, pero los funcionarios estatales dicen que todavía hay demasiados problemas con la inyección letal y otros procedimientos para llevar a cabo una ejecución ahora. (Foto cortesía del Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reingreso de Arizona)
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WASHINGTON – Aaron Gunches supuestamente iba a morir el jueves por la noche. Pero en cambio, el asesino convicto pasará al menos dos meses más en el corredor de la muerte de Arizona mientras los tribunales deciden si el estado puede ser obligado a llevar a cabo una ejecución para la cual dicen que no están preparados.
La gobernadora Katie Hobbs ha dicho que tiene la intención de llevar a cabo la orden de ejecución de Gunches, pero no hasta que el estado tenga los procedimientos adecuados en su lugar. Pero las víctimas de Gunches argumentaron en la Corte Superior de Maricopa el jueves que el retraso les está negando sus derechos.
“Las víctimas nunca tendrán su derecho, en estos tipos de casos, a conclusiones prontas y finales” bajo el razonamiento de Hobbs, dijo Ryan Green, uno de los abogados de las víctimas, en una audiencia de una hora ante el juez de la Corte Superior, Frank Moskowitz.
Los abogados del estado extendieron sus condolencias a las víctimas, pero también dijeron que forzar la ejecución de Gunches ahora sería una “intrusión sin precedentes de las autoridades del poder ejecutivo”.
“En nuestro sistema de justicia, el estado enjuicia los delitos no solo por las víctimas individuales, sino en nombre de los sistemas en su conjunto”, dijo Sambo Dul, asesor general de Hobbs. “Cuando se trata de llevar a cabo…, el más a menudo irreversible de los poderes del estado -la pena de muerte- la ley, la constitución del estado, confía en la gobernadora, en el ejecutivo, en el departamento, la autoridad y la discreción para garantizar que pueda hacerlo de manera legal, efectiva y lo más humanamente posible”.
Aaron Brian Gunches ha renunciado a la mayoría de las apelaciones de su condena por asesinato y ha pedido ser ejecutado, pero el estado ha dicho que no está preparado para hacerlo. (Foto cortesía del Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reingreso de Arizona)
Al menos otra parte en el caso no está de acuerdo: Gunches, quien ha renunciado a muchas de sus apelaciones y ha pedido ser ejecutado, repitió esa solicitud el jueves.
“Todo esto se remonta a que presenté mi propia orden de muerte, porque quiero que se cumpla mi sentencia”, dijo Gunches, quien participó virtualmente en la audiencia. “El fiscal general dijo que eso no iba a suceder, y quiero lo que sea que haga que se cumpla mi sentencia lo más rápido posible”.
La orden que Gunches había solicitado, emitida por la Corte Suprema de Arizona el otoño pasado, fijó la fecha de su ejecución para el 6 de abril. Esa orden expiró a la medianoche.
Los funcionarios estatales dijeron que buscarán una nueva orden cuando sea el momento adecuado, pero eso no será hasta que el Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reingreso haya arreglado sus protocolos de ejecución.
“El fiscal general es la única persona que puede solicitar una orden de ejecución”, dijo Alexander Samuels, subprocurador general adjunto de Arizona. “La única forma de que haya otra orden aquí es si el fiscal general la solicita, y la única forma en que el fiscal general va a solicitar una es si el departamento está listo”.
Gunches ha estado en el corredor de la muerte desde 2008 por el asesinato en primer grado en 2002 del exesposo de su novia, Ted Price. Los registros dicen que Gunches mató a Price de manera ejecutoria en la Reservación del Río Salado, disparándole tres veces en el pecho y una vez en la parte posterior de la cabeza.
Un mes después, Gunches fue detenido cerca de la frontera con California por un oficial del Departamento de Seguridad Pública de Arizona. Gunches disparó dos veces al oficial, pero los disparos fueron desviados por el chaleco antibalas del oficial y su reloj de pulsera. Esas balas posteriormente vincularon a Gunches con el asesinato de Price.
En noviembre, Gunches pidió que se emitiera una orden de ejecución en su caso, una solicitud a la que accedió fácilmente el entonces fiscal general Mark Brnovich, quien había reanudado las ejecuciones el año pasado después de una pausa de ocho años.
Gunches intentó retirar su solicitud después de que Brnovich fuera reemplazado por la fiscal general Kris Mayes en enero, señalando problemas con las tres ejecuciones que se llevaron a cabo en Arizona en 2022. Dijo que no quería ser “torturado antes de ser ejecutado”. Mayes estuvo de acuerdo en ese momento en que Hobbs pedía una revisión de los procedimientos de ejecución rotos del estado.
A pesar de ello, la Corte Suprema emitió la orden, pero Hobbs dijo que “el Estado no busca llevar a cabo una ejecución en este momento”.
Esto fue desafiado por Karen Price, la hermana de la víctima del asesinato, y otros que pidieron a la Corte Suprema que ordenara a Hobbs que llevara a cabo la orden. Pero la corte se negó, lo que llevó a los argumentos del jueves en la Corte Superior.
Las víctimas dijeron que la corte no debería tomar la palabra del estado, sino que debería celebrar una audiencia de determinación de hechos para determinar si hay o no procedimientos en marcha para llevar a cabo una ejecución.
“Hay una disputa factual evidente, y esa disputa factual va al corazón de si la gobernadora ha ejecutado fielmente las leyes, como está obligada a hacer”, dijo Green. “Y si la gobernadora ha excedido su autoridad para conceder esencialmente un aplazamiento de facto, y si al hacerlo se han violado los derechos de las víctimas”.
Pero Samuels dijo que el estado ha enfrentado “un conjunto excepcional de circunstancias”.
“Esta orden en particular fue solicitada inicialmente por el fiscal general Brnovich. Desde entonces, hubo un cambio de administración no solo en la oficina del fiscal general y la oficina del gobernador, sino quizás lo más importante, en el departamento (de correcciones)”, dijo. “Estamos en una posición fundamentalmente diferente a cuando se solicitó la orden por primera vez en diciembre, eso no es algo que se vaya a repetir una y otra vez”.
Moskowitz dijo que sin una orden de ejecución activa, sus manos están atadas, diciendo que sería un “atolladero constitucional” decidir todos estos hechos sobre suposiciones.
“No tenemos audiencias sólo para descubrir cosas para que alguien más pueda tomar una decisión sobre la base de alguna investigación de hechos”, dijo.
Pero incluso sin una orden de ejecución activa, las víctimas dijeron que los funcionarios estatales deberían estar preparándose para ejecutar a Gunches, argumentando que “su obligación es estar listos, porque la pena capital es la ley”.
Moskowitz pidió que cada lado presente más argumentos sobre su posición y fijó una fecha de audiencia para finales de junio, aunque dijo que es “escéptico” acerca de tomar este caso.
“Parte de mí dice que no hay nada que pueda hacer aquí y parte de mí dice que debería simplemente desestimar este caso ahora”, dijo Moskowitz hacia el final de la audiencia. “Pero también hay una parte de mí que dice que este es un asunto bastante serio. Involucra muchos problemas constitucionales”.